La nueva marca de La suerte sonríe a los audaces

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lunes, 2 de diciembre de 2013

Tercer golpe a la democracia por parte del PP














Comenté en un escrito de hace un año que España había comenzado un tránsito lento desde una democracia occidental formal hacia una dictadura de apariencias democráticas. En el escrito comentaba varias realidades que me permitían afirmar que en España ya no había una democracia real y que poco a poco íbamos degenerando hacia un sistema sin democracia.
Las cosas se han recrudecido todavía más en este año. Desde el momento en que escribí eso han sucedido dos realidades adicionales que han degradado aún más la democracia de este país, una en la que llevamos insertos todo el año y otra que está comenzando ahora y que tendrá imprevisibles consecuencias. Voy a intentar organizar estas ideas.

El primer golpe contra la democracia que dio el PP tiene que ver con el flagrante y total incumplimiento de su programa electoral. España ha tenido hasta ahora una democracia de calidad relativamente baja debido a que las cúpulas de los partidos políticos han conseguido dominar a los representantes de los ciudadanos. El sistema electoral con listas cerradas y las circunscripciones provinciales permitieron a los partidos tomar el control de los representantes populares pero aún así había cierta correspondencia entre los compromisos electorales y la ideología (que era lo que orientaban el voto) y el ejercicio de la política.
Pero el gobierno Rajoy acabó con eso. Desde el primer consejo de ministros el gobierno comenzó a hacer una política contraria a la prometida en el programa electoral y en los discursos políticos. Se subieron impuestos cuando se dijo que se iban a bajar, se recortaron cosas que se dijeron que no se iban a recortar, se han mantenido leyes que dijeron iban a cambiar, etc, etc. Estos incumplimientos no eran puntuales sino que han sido generalizados. El PP ha incumplido la práctica totalidad de todo lo que prometió y, aún así, no hay nadie ni nada que pueda o se plantee siquiera poder cambiar a este gobierno.
La situación es más grave si cabe si tenemos en cuenta que parte de estos incumplimientos vienen impuestos por un poder extranjero, la Alemania de Merkel. Un gobierno al que los españoles no hemos votado nos dice lo que tenemos que hacer a través de su control de la comisión y su dominio en el consejo de Europa, en lo que es un arrebatamiento absoluto de nuestra soberanía. Zapatero también cayó en lo mismo, pero no desde el primer consejo de ministros ni de forma tan radical.
Este hecho representa, para mí, el primer golpe contra la democracia del PP.

El segundo golpe contra la democracia se ha producido a través del caso Bárcenas. A principios de 2013 nos enteramos como el PP tenía una red paralela de financiación en negro basada en donaciones de grandes empresas que eran, a su vez, contratistas habituales de la administración. El presidente del gobierno, como principal dirigente del partido desde 2004, tenía una importantísima responsabilidad política en este asunto, más allá de que también podría tenerla judicial.
En cualquier democracia occidental, excepto quizá en Italia, el presidente del gobierno hubiese dimitido dejando el puesto a otro diputado de la mayoría, posiblemente al vicepresidente. Pero aquí no pasó absolutamente nada, el gobierno y su presidente salieron a decir que todo era una calumnia y se dedicaron a esparcir un confusionismo generalizado para no asumir su responsabilidad.
Conforme pasaron las semanas se fue viendo que cada una de las excusas de los miembros del PP había sido una mentira. Se mintió en multitud de situaciones y, cuando se les pillaba, se cambiaba la versión por una nueva mentira. Durante este tiempo salieron más y más datos, se comprobó la veracidad de muchos apuntes, Bárcenas confesó la autoría de los papeles, se vieron SMS’s entre Rajoy y Bárcenas, se destruyeron pruebas por parte del PP, se manipularon ruedas de prensa, salieron más papeles a la luz…En definitiva, la cantidad de información nueva fue tal que toda la prensa internacional habló del escándalo de corrupción en España.
¿Y qué pasó? NADA. De forma absolutamente escandalosa aquí nadie ha dimitido, nadie se ha escondido y nada ha pasado. Incluso el otro día, cuando el juez instructor Ruz afirma en un auto que la financiación ilegal del PP está probada ¿ha pasado algo? NADA. El punto a donde ha llegado la irresponsabilidad de este gobierno no tiene parangón en la historia reciente de la democracia española y tan sólo se me ocurre comparación posible con aquellas épocas donde las relaciones entre los políticos y las mafias eran frecuentes y conocidas por todos.
En ninguna democracia que se precie las cosas hubiesen quedado así. En Francia. EEUU, Inglaterra, Alemania y en prácticamente cualquier democracia occidental el primer ministro hubiese dimitido, el parlamento hubiese abierto una investigación, los portavoces de la mentira en el PP hubiesen sido apartados de sus puestos y probablemente se estaría hablando de adelantar las elecciones. Pero en España este principio básico de la responsabilidad política no aplica, es más, se transforma en ataques desde el gobierno corrupto hacia los parlamentarios y medios de comunicación que adecuadamente les exigen su responsabilidad.
Esta manera de despreciar las responsabilidades políticas inherentes a la representación democrática y esta forma de reírse de la ciudadanía soberana representa, para mí, el segundo golpe contra la democracia del PP.

Pero estos días se ha comenzado a preparar un tercer golpe contra la democracia por parte del PP, y esta vez en dos ejes diferentes que pretenden dos cosas distintas pero que tienen un punto en común: La creación de legislación ad hoc para mantenerse en el poder por encima de la voluntad popular.
La primera parte de este golpe se ha asestado con la nueva ley de seguridad ciudadana, que todavía es un proyecto de ley. Aunque la ley fue suavizada antes de presentarse en el consejo de ministros, probablemente por la enorme presión que produjo su filtración, no deja de ser una legislación innecesaria, que nadie reclamaba y que está hecha sencillamente como mecanismo de autoprotección de una minoría social y cómo método de quitarse de en medio al poder judicial para poder establecer una justicia coactiva desde el poder ejecutivo.

En el último año y medio hemos asistido a un aumento de la contundencia policial ante las protestas ciudadanas. La policía es mucho más contundente que durante anteriores gobiernos y la dialéctica del gobierno ha sido amenazante y acusatoria. En manifestaciones como las del 25-S delante del congreso el gobierno quiso amedrentar a la población y aplicar la mano dura. Se detuvo a mucha gente y se la puso a disposición judicial por “atentado contra las instituciones del estado”.
Pero cuando el juez vio a los detenidos y la acusación que se hacía contra ellos no sólo los soltó inmediatamente sino que hizo un auto durísimo contra la arbitrariedad de las órdenes de la delegación del gobierno, pues manifestarse delante del congreso ni es un atentado contra las instituciones del estado ni es nada y casi ningún juez va a acepar un disparate así. Igual que este caso ha habido otros donde los manifestantes detenidos casi como si fuesen terroristas han salido libres del juzgado o con levísimas penas.
En vista de esto el ejecutivo ha decidido saltarse la división de poderes a la torera y ha reconvertido muchas faltas y delitos en sanciones administrativas. Esto puede sonar más benevolente pero no lo es en absoluto, pues el objetivo básico es amedrentar y usar la represión de forma generalizada. Por ejemplo, los acusados por “atentado contra las instituciones del estado” ya no serían puestos delante de un juez sino que serían multados con una multa de hasta 30.000 euros. Se puede pensar que es mejor una multa que el hecho de que te acusen de un delito, pero esto no es así porque el delito en este caso es inventado y la multa, en cambio, es firme.
Si los manifestantes eran acusados de delitos era la justicia quien tenía que declararlos culpables, algo que obviamente no hacía, pero ahora es la policía a la orden de la delegación del gobierno quien les pone la multa. Y como la sanción es administrativa nadie tiene que declarar su culpabilidad, al revés son ellos quienes tienen que ir al juzgado a reclamar por una infracción improcedente, pagar las tasas judiciales y esperar a que se les de la razón. En definitiva, de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario se pasa a ser culpable hasta que se pueda demostrar lo contrario, previo pago de una tasa judicial que igual no pueden pagar.

La ley de seguridad ciudadana es, pues, un golpe directo contra la presunción de inocencia de los ciudadanos y contra la división de poderes. El anteproyecto de ley era tan radical que pretendía poder castigar a quienes se manifestasen delante de los parlamentos o las instituciones del estado con hasta 600.000 euros, o incluso se quería sancionar con la misma cantidad a quienes grabasen y difundiesen vídeos de la policía haciendo “su labor” (vamos, pegando a los manifestantes).
Esto fue rebajado y las multas por estas manifestaciones serán de un máximo de 30.000 euros y por grabar a la policía un máximo de 1.000 euros, pero la disminución de la cuantía no cambia demasiado las cosas: Sigue siendo una ley represiva y no es sólo por eso, hay muchas más novedades: Quienes intenten detener un desahucio pueden ser castigados con una multa de hasta 30.000 euros, como también quienes se nieguen a disolver una manifestación no comunicada o se nieguen a identificarse delante de la policía. La única cosa que realmente se ha quitado en el proyecto final son las multas a los escraches.
Y otra cosa que llama la atención es la manera en que el PP quiere ajustar cuentas con el pasado. Se ha considerado falta muy grave (hasta 600.000 euros) manifestarse delante de las sedes de los partidos políticos en la jornada de reflexión o grave (hasta 30.000 euros) el “ultraje a España”. La primera está hecha como venganza por lo que pasó en la jornada de reflexión de 2004 y la otra es puro nacionalismo absurdo, anti-liberal y represor.

La ley de seguridad ciudadana representa, pues, una nueva vuelta de rosca para ir hacia un país menos libre y con un gobierno más plenipotenciario y represor. Es una manera de amedrentar a la clase media o a los trabajadores aún solventes para que no se atrevan a salir de casa ni a protestar. Es, en definitiva, un ataque para evitar la expresión de la voluntad popular.
Pero también hay otro punto en que el PP quiere violar la voluntad popular, que son las distintas reformas electorales que están en marcha o previstas. La primera que ha salido a la luz es el proyecto de reforma de la ley electoral de Castilla la Mancha que ha ideado el gobierno de María Dolores de Cospedal.
Ocultándose detrás de un criterio economicista se reduce el número de diputados mientras se mantiene la división provincial. El resultado de esto es el práctico bloqueo de las posibilidades de entrar en las cortes de los partidos minoritarios (IU y UPyD), pues necesitarán por ejemplo más de un 11% de votos en Cuidad Real para conseguir un diputado, o un 16,3% en Cuenca y Guadalajara. Adicionalmente este bloqueo de los partidos pequeños maximiza el efecto de la ley d’hont, en beneficio del PP.
En la actual situación los partidos pequeños necesitarían entre 6,4% y un 8,7% dependiendo la circunscripción para conseguir diputados, algo que IU sacaría con casi toda probabilidad y UPyD en algunas provincias seguro que también. Las encuestas otorgan a estos partidos representantes y dicen que el PP perderá la mayoría absoluta en Castilla La Mancha, algo que le dificultaría mucho repetir gobierno y, en cualquier caso, le haría depender de UPyD que le exigiría una reforma electoral que acabaría con sus mayorías absolutas para siempre.
Así pues se reforma la ley electoral a conveniencia, sin el acuerdo de nadie y se hace sencillamente para seguir manteniendo el poder a pesar de que su apoyo electoral vaya menguando.

El caso de Castilla La Mancha no es el único. En la Comunidad Valenciana el derrotado de antemano PP valenciano quiere quemar sus últimos cartuchos reduciendo los diputados por circunscripción para ver si minimiza a Compromís, Esquerra Unida y UPyD. Lo cachondo de este caso es que en la legislatura anterior se hizo una reforma del estatuto de autonomía que aumentó los diputados. Ahora, que ya no les viene bien, quieren deshacer la reforma para ver si mediante ingeniería electoral pueden mantener el poder.
En el caso de la Comunidad Valenciana la reforma no saldrá porque necesita una mayoría cualificada en Les Corts y la oposición no va a apoyar esto, pero en Castilla La Mancha sí saldrá y previsiblemente el congreso de los diputados la validará. Y cuidado que esto es sólo el principio. Una vez Cospedal consiga maximizar sus posibilidades de repetir gobierno manipulando la ley electoral casi todas las comunidades del PP la intentarán imitar. Se esconderán detrás del ahorro de reducir diputados para intentar matar a los partidos ascendentes y fomentar un bipartidismo que les favorece.
Realmente hay muchos tipos de sistemas electorales y unos no son mejores que otros. Un sistema mayoritario puede tener sentido en algunas circunstancias pero no en las de la España actual. La España actual está separándose del bipartidismo y está buscando nuevas opciones y partidos, y cambiar ahora un sistema electoral que nunca han querido cambiar no es más que un ataque a la soberanía popular y a la exigencia ciudadana de ampliar el abanico de partidos.

Primero un incumplimiento total del programa electoral y la sumisión a las órdenes del extranjero, después una acción de gobierno sin ética ni asunción de responsabilidad alguna sobre nada, incrustando la corrupción y la aceptación de la misma a las más altas instituciones del estado. Y ahora una ley de seguridad represiva y unas contrarreformas electorales para perpetuarse en el poder.
¿Cuánto más vamos a soportar? ¿Cómo podemos estar permitiendo que el gobierno destruya nuestra democracia de esta manera? Este gobierno debe caer, este gobierno debe ser expulsado del poder y debemos exigirles a los partidos de la oposición unos compromisos clarísimos de desmontaje de todo lo que estos señores están creando en casi todos los ámbitos. Si no lo hacemos la propia democracia estará en peligro.


4 comentarios:

  1. Solo un dato: precisamente ahora que todas las encuestas del País Valencià dicen que el Pp no volverá a gobernar cierran la radiotelevisión pública. Curioso.

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  2. Otro dato, el PSPV-PSOE y el PPCV sí están de acuerdo en la reforma electoral en el País Val... perdón, en la Comunidad Valenciana; de hecho van a reducir, para la próxima legislatura, de 99 a 79 los escaños del Parlamento Autonómico.

    Más cosas, la democracia, como el movimiento, se demuestra andando y sea cual sea el marco, las normas de juego, los que jugamos somos los votantes y si votamos "bien", encontraremos otro Gobierno que cambiará las leyes del actual. Así funciona la cosa. Las leyes del actual Gobierno pueden ser, y deberían serlo, derogadas por el próximo, si votamos bien, pero todo apunta a que volveremos a equivocarnos, otra vez. Ese es el problema de la democracia española, un electorado gilipollas profundo, y no otro.

    Otra cosa, que hablas de muchas y no me da la neurona para tanto tema entremezclado: que las responsabilidades políticas no se asumen en España es mentira y que esto sea diferente en el resto del mundo también, que en todas partes cuecen habas, lo que pasa es que nos quedamos con lo malo y nos olvidamos de lo bueno, pero echa un vistazo a las hemerotecas y verás muchos políticos, olvidados por la masa, que han dimitido por cosas mucho más leves que las que otros mantienen mientras conservan el cargo. La cuestión fundamental es que los escándalos de corrupción no tienen un reflejo automático en las encuestas de intención de voto, ni en los resultados electorales, de ahí que los infractores tengan la percepción, totalmente justificada, de que son impunes.

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    1. Enrique,

      ¿Tienes algún enlace donde diga que el PSPV apoya esa reforma electoral? Porque me parece inverosimil...

      Respecto a las responsabilidades políticas, no es así. He estado en New York este verano y te aseguro que la gente allí no podía entender cómo en España no pasaba nada respecto a la corrupción y te decían claramente que eso allí hubiese sido un escándalo.
      Pero no hace falta irnos a la otra parte del atlántico para eso. En la mayoría de países de Europa las responsabilidades politicas se asumen mucho más que en España.

      Saludos,

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  3. Yo siempre he dicho y lo e manifestado en algunos de mis Blog que el PP con Rajoy al frente terminaran con un golpe de estado a la Democracia española y volveremos a una dictadura de palizas y sangre.
    Modessto Guallarte Lapena (LA VÍBORA)

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